SÍ A LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA (Un artículo para opinar)

SÍ, A LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA
Cristián Larroulet señala cómo las indicaciones del gobierno al proyecto de ley General de Educación altera el acuerdo suscrito con la Alianza, discrimina entre la educación pública y la particular subvencionada y atenta contra la libertad de enseñanza.
El acuerdo educacional alcanzado entre el gobierno, la Alianza y la Concertación se ha entrampado porque el Ejecutivo, alterando el consenso, propuso una indicación relativa al financiamiento del sistema de educación pública que va en contra del acuerdo largamente estudiado y conversado.
Las razones que tuvo la Alianza son profundas y no responden a un capricho. La indicación propuesta va en contra de la libertad de enseñanza, principio básico que está presente en la Constitución y en la legislación educacional. Además, este sistema de provisión mixto responde a la realidad histórica de Chile, en que siempre han existido planteles educacionales públicos y privados, y las familias han podido escoger entre ellos.
La propuesta oficial, al referirse sólo al financiamiento de las escuelas estatales, permite la discriminación en contra de la educación particular subvencionada, alterando el principio de que el Estado financiará por igual a los estudiantes, no importando si eligen establecimientos administrados por las municipalidades o por particulares.
De esa forma, se coarta la libertad para elegir entre diferentes tipos de establecimientos educacionales, lo cual es valorado enormemente por las familias.
Así, en la encuesta CEP del año 2006, el 69% de los padres prefiere un colegio particular subvencionado en vez de uno municipal a igual costo de matrícula.
Pero no sólo eso, el texto de la discordia tampoco contribuye a mejorar la calidad de la educación, prioridad que tiene el consenso de todos los sectores. El solo hecho de privilegiar únicamente a un proveedor de los servicios educacionales reduce la competencia, la creatividad, la innovación y con ello los esfuerzos por entregar cada día una educación de mejor nivel. Es decir, la propuesta es contradictoria con la principal aspiración del país en materia educacional.
Cabe destacar que la Alianza, en aras de los consensos, había postergado sus aspiraciones de elevar el monto de la subvención escolar y generar una institucionalidad que la determinara de una manera objetiva con sólidos antecedentes técnicos. Este deseo fue dejado de lado para llegar al acuerdo, porque a la izquierda no le gusta la subvención educacional, que garantiza la libertad de elección de las familias. Por lo tanto, es doblemente grave el ingresar a última hora una propuesta que no sólo altera los principios de un acuerdo, sino que produce un daño profundo en un pilar básico de nuestro sistema educacional, como es la libertad de enseñanza.
Tampoco son correctas las afirmaciones que señalan que el acuerdo logrado para dictar una nueva Ley General de Educación no incluye reformas que permitan un mejor funcionamiento de la educación pública. El gran problema de ésta es el entorno rígido y centralista en que está inmersa, tal como lo han señalado numerosas veces los alcaldes, responsables finales de la educación municipal. El acuerdo consagra principios como la autonomía, la calidad, la responsabilidad, la transparencia y la equidad, que sin lugar a dudas facilitarán a través de instrumentos específicos ---como la flexibilidad para la elaboración de planes y programas--- las exigencias para alcanzar estándares de aprendizaje mínimos, los que generarán el ambiente necesario para el mejor desenvolvimiento de la educación municipal.
Por supuesto que el acuerdo no contiene todas las soluciones, pero es inaceptable pretender mejorar la calidad de la educación restringiendo la libertad de los padres para elegir donde educar a sus hijos. ■■■■■
Cristián Larroulet“La Tercera”, 12.06.2008